Estimados amigos y amigas de ELIANT:

Durante la primavera boreal les informamos sobre el inminente Acuerdo sobre Pandemias que debía aprobarse en mayo de 2024 por parte de los 194 Estados miembros de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS. Sin embargo, como los países no alcanzaron un consenso, se acordó extender las negociaciones por 12 meses más. Desde esa fecha hasta ahora no se ha publicado ningún informe preliminar.

En contraposición, en lo que se refiere a la introducción de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) —que se acordó por primera vez hace 70 años— se puso término a las negociaciones. Dichos cambios fueron aceptados por los Estados miembros, pese a la inclusión de dos puntos muy preocupantes que ponen en duda las reglas básicas de la democracia.

La ampliación del concepto de «Emergencia pandémica»
Este concepto se formula ahora como «una emergencia de salud pública de importancia internacional que está causada por una enfermedad transmisible y que tiene un alto riesgo de tener una amplia propagación geográfica a varios Estados o dentro de ellos, y que excede, o entraña un alto riesgo de exceder, la capacidad de los sistemas de salud de esos Estados…». Lo preocupante de esta nueva definición es que la emergencia pandémica se puede declarar sobre la base de un peligro supuesto, con lo que deja a los responsables de las decisiones con un amplio margen de discreción.

El poder del director general
En el RSI, el director general de la OMS cuenta desde el 2005 con amplias facultades, las que quedaron claramente manifiestas en el mundo entero durante el manejo de la pandemia de COVID-19. Esto significa que, en caso de una pandemia, el director general puede establecer un Comité de Emergencia, determinar la cantidad de personas que lo integran y seleccionar a las personas que componen el Comité de Examen según criterios determinados, entre los que se incluyen una distribución equitativa en términos geográficos, científicos y de género. El comité formula recomendaciones, el Comité de Examen puede rechazarlas, o bien expresar sus reparos. Sin embargo, la decisión final sobre la aceptación de la recomendación del comité y cómo se la acepta, queda única y exclusivamente en manos del director general.

El traspaso de tanta responsabilidad y poder sobre decisiones de alcance mundial a una persona única pone en entredicho los derechos democráticos básicos de la sociedad civil. Por eso, es necesario que todos estemos cada vez más alerta, porque:
El Reglamento Sanitario Internacional — existente desde hace 70 años — es parte integrante de la normativa legal de los países miembros de la OMS. Por lo tanto, si en los países no hay una sensibilización de la sociedad civil y de la política respecto a las amplias consecuencias que todo esto implica, el imprescindible debate sobre la forma y el alcance de cualquier implementación de las enmiendas aprobadas en junio de 2024 será solo un acto de rutina.

Junto con esto, lo que también nos interesa de sobremanera es: ¿por qué no se tematizó la implementación ulterior de la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud de la OMS acordada en 1986?
En ese año, la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS estaba centrada en la salutogénesis, la investigación y el fomento de la salud. Todo ello quedó reflejado en la Carta de Ottawa que fue aprobada de forma conjunta. En ella se lee que: «Esto implica (contar con) una base firme en un medio que apoye (a la población), acceso a la información y poseer las aptitudes y oportunidades que la lleven a hacer sus opciones en términos de salud». En la asamblea posterior se acordó además que los países debían abordar concretamente la puesta en práctica de los objetivos de la carta.

Por eso, resultó sorprendente que, en el caso de la pandemia de COVID-19, la vacunación se viera como la única protección para la población. No obstante, en la Carta de Ottawa, se mencionaban también los principios de la salutogénesis y las medidas para el fortalecimiento de la resiliencia y la inmunidad con el mismo grado de importancia. Ambos elementos son necesarios «para asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial» (cita de la Carta de Ottawa). ¿Por qué, entonces, (ya) no se tematizan esas posibilidades en los debates del RSI, posibilidades que también comprenden los valores democráticos relacionados con el derecho a la integridad física y la autorresponsabilidad?

Se necesita una sociedad civil instruida en temáticas de salud
Como la implementación del RSI queda en manos de cada país, lo que se necesita son las iniciativas locales. Por ello, quedamos gratamente atentos a que desde los diferentes países nos cuenten sobre las iniciativas que hay en sus respectivas naciones, y a la espera también de poder ayudar donde sea posible. Sea como sea, les estaremos muy agradecidos si, en medio de su ajetreada vida cotidiana, encuentran el espacio para abogar por la conservación de los derechos democráticos básicos en los temas de salud. Seguiremos informándoles sobre el tema.

Les envío mis mejores deseos en nombre del equipo de ELIANT.
Atentamente,
Michaela Glöckler

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